0 La Brigada “Buchones Para Todos”

En los pasillos de tribunales se suele decir "a confesión de parte, relevo de pruebas". El teniente coronel Sergio Berni, a cargo de la secretaría de Seguridad del "gobierno de los DDHH", referente de la gestión kirchnerista por más de 10 años, reconoció en estos días que el ministerio a cargo de la "progresista" ministra Garré ha desplegado sobre Buenos Aires una suerte de unidad de buchones de civil "… con el objetivo formal de combatir la inseguridad y el delito en general".

El resaltado "formal" nos pertenece. Es que, cuando se hace mención a ese carácter, se está diciendo que hay otro objetivo, el real.

La llamada "inseguridad", lejos de concebirse como una consecuencia imparable del sistema de injusticias y desigualdades que entrañan el capitalismo y las sociedades con privilegios de clase, se ha convertido en un poderoso argumento para quienes ven en el diseño de un estado policíaco y la militarización de la sociedad, el ideal de control y disciplinamiento social.

¿Qué otra cosa presupone convivir a diario con la policía federal, la policía metropolitana, gendarmería, prefectura, policía de seguridad aeroportuaria, y, ahora, las Brigadas de Observadores…? Tan sólo un desprevenido puede ignorar que estas fuerzas -todas juntas- amenazan la cotidianidad de las barriadas porteñas.

Jactarse, como lo hizo el propio Berni, de que ahora "muchísima gente de civil" recorre las calles para observar si se está por cometer algún delito, implica la tácita convicción de que, la sociedad a la que aspiran , es la de la vigilancia, la delación y la sospecha permanente.

En la lógica del control social que lentamente fueron naturalizando, con la proliferación de cámaras de filmación y el agregado de una nueva fuerza de botones encubiertos, van perfilando una auténtica campaña de caza y persecución de pobres, vagos y mal entretenidos. Lo que se dice, criterios de selectividad penal o, más concretamente, criminalización de la pobreza.

Venimos sosteniendo que el remanido tema de la inseguridad, planteado como amenaza para las clases altas y sectores medios, se ha convertido en una hipótesis de conflicto interior. Desde las campañas mediáticas y el consenso opositor, hasta el concreto accionar del ministerio del área, se revela un aspecto indisimulado de esta política de estado: predeterminar como enemigo al pobre.

Sólo así se explica el tremendo grado de militarización de los barrios del sur de la ciudad y la totalidad del conurbano bonaerense.

Sólo así se explica la multiplicación de casos de gatillo fácil, paralelo a los redoblados esfuerzos de los poderes del estado para garantizar impunidad a sus ejecutores.

Una vez más, queda al descubierto la falacia progresista de la conciliación de clases: para brindar seguridad a los ricos, es necesario tornar insegura la vida de los pobres. En pocas palabras, el objetivo real que no pudo esconder el "formal" del secretario.